La Ley de Arrendamientos Urbanos permite resolver el contrato si el inquilino subarrienda sin permiso o da a la vivienda un uso distinto del pactado. Pero el juez no resuelve contratos por sospechas: necesita hechos acreditados, obtenidos de forma lícita y ratificables en sala.
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Alquilaste tu piso a una persona y hoy entran y salen desconocidos con maletas. Los vecinos te avisan de que hay cinco o seis ocupantes distintos, o de que el anuncio de tu vivienda aparece en un portal de habitaciones. Tu inquilino, mientras tanto, sigue pagando la renta puntualmente y negando cualquier irregularidad.
Es una de las situaciones más frustrantes para un propietario: sabe que algo no encaja, pero no puede demostrarlo. Y si intenta comprobarlo por su cuenta (entrando en el piso, cambiando la cerradura o increpando a los ocupantes) puede convertir un incumplimiento del inquilino en un problema penal propio.
La salida existe y es legal: documentar los hechos desde el exterior, con un detective privado habilitado y en coordinación con tu abogado, para que la demanda llegue al juzgado con prueba sólida. Te explicamos qué se puede acreditar, qué no y cómo se construye esa prueba.
Qué dice la ley sobre el subarriendo y el uso irregular de la vivienda
La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) es clara. Según su artículo 8, el inquilino solo puede ceder el contrato con consentimiento escrito del arrendador, y la vivienda únicamente puede subarrendarse de forma parcial y con ese mismo consentimiento. Además, el precio del subarriendo nunca puede superar la renta que paga el arrendatario.
El artículo 27.2 LAU permite al propietario resolver el contrato de pleno derecho, entre otras causas, en estos supuestos:
- Subarriendo o cesión inconsentidos: (art. 27.2.c): el inquilino realquila habitaciones o el piso completo, o lo traspasa a un tercero, sin autorización escrita.
- Daños dolosos u obras no consentidas: (art. 27.2.d): la vivienda se reforma o compartimenta para alojar a más personas.
- Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas: (art. 27.2.e): uso como alojamiento turístico encubierto, actividad comercial no autorizada o conductas que alteran la convivencia del edificio.
- Falta de uso como vivienda habitual: (art. 27.2.f): la vivienda deja de destinarse de forma primordial a la necesidad permanente de vivienda del arrendatario; por ejemplo, porque vive en otro lugar y solo la explota.
Conviene no malinterpretar la expresión «de pleno derecho»: no significa que puedas recuperar la vivienda por tu cuenta. Si el inquilino no la abandona voluntariamente, la resolución tendrá que declararla un juez, y para eso necesitarás prueba.
A este marco se suma una reforma reciente que afecta de lleno al uso turístico encubierto. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 introdujo en la Ley de Propiedad Horizontal un nuevo artículo 7.3: quien quiera destinar una vivienda a alquiler turístico necesita la aprobación expresa previa de la comunidad de propietarios, por mayoría de tres quintos. Si un inquilino explota el piso como alojamiento turístico, el problema ya no es solo contractual: también expone al propietario frente a su comunidad.
Si un inquilino explota el piso como alojamiento turístico, el problema ya no es solo contractual. Puede enfrentar al propietario con su comunidad y, en la Comunidad de Madrid, una vivienda de uso turístico sin la habilitación exigible puede dar lugar a expedientes sancionadores.
Esa misma ley convirtió el intento de negociación previa (MASC) en requisito para presentar la mayoría de las demandas civiles. Contar con hechos acreditados desde el principio refuerza también tu posición en esa fase extrajudicial.
Por qué las comprobaciones caseras no sirven ante el juez
Muchos propietarios llegan a nuestro despacho con capturas de pantalla, mensajes de vecinos o una visita improvisada al piso. Son indicios útiles para orientar la investigación, pero rara vez sostienen una demanda por sí solos, y algunos pueden volverse en tu contra.
| LO QUE SUELE HACER EL PROPIETARIO | PROBLEMA ANTE EL JUZGADO |
| Capturas de anuncios en portales | Sin fecha fiable ni vinculación acreditada con tu vivienda y tu inquilino. Fácilmente impugnables. |
| Testimonios de vecinos o del portero | Pueden retractarse, carecer de detalle o ser vistos como parciales. Útiles como apoyo, insuficientes como prueba principal. |
| Entrar en el piso con tu propia llave | La vivienda arrendada es el domicilio del inquilino: riesgo de allanamiento de morada (art. 202 CP) y nulidad de lo obtenido. |
| Cambiar la cerradura o cortar suministros | Puede constituir coacciones (art. 172 CP) o realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP). |
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Qué puede demostrar un detective privado (y qué no)
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada habilita al detective para obtener información sobre conductas o hechos privados cuando el cliente acredita un interés legítimo, como el del propietario respecto de su inmueble. Dentro de ese marco, estos son los hechos que con más frecuencia se acreditan en un conflicto arrendaticio:
- Que el arrendatario no reside en la vivienda: dónde vive realmente, con qué frecuencia acude al piso y si su presencia es solo puntual (cobros, entregas de llaves).
- Rotación de ocupantes: entradas y salidas de personas distintas, con equipaje, en patrones compatibles con alquiler de habitaciones o estancias cortas.
- Anuncios vinculados a la vivienda: localización en portales de alquiler de habitaciones o alojamientos turísticos, con preservación de la evidencia digital y su relación con el inmueble y el inquilino.
- Precio del realquiler: cuando los anuncios lo publican, permite contrastarlo con la renta del contrato y el límite del art. 8.2 LAU.
- Uso turístico encubierto: cajetines de llaves, check-in sin presencia del inquilino o entradas coordinadas con reservas.
- Actividad distinta de la vivienda: uso como oficina, almacén o local abierto a terceros.
Igual de importante es saber lo que no se puede hacer. El artículo 48.3 de la Ley 5/2014 prohíbe investigar la vida íntima de las personas que transcurre en sus domicilios. En coherencia con ese límite y con nuestro código deontológico, el detective no entra en la vivienda, no capta imágenes de su interior, no accede a comunicaciones ni a datos bancarios y no se hace pasar por quien no es para obtener información.
Respetar esos límites no es una debilidad de la prueba: es precisamente lo que la hace mucho más difícil de impugnar.
Cómo construimos la prueba con la metodología SIGPRO
En SIPPEM trabajamos estos asuntos con nuestra metodología SIGPRO, diseñada para que cada hecho documentado pueda defenderse en sala. La investigación se planifica junto al abogado del propietario, de modo que la prueba responda exactamente a la causa de resolución que se va a invocar.
1. Estudio previo de viabilidad y fuentes abiertas
Analizamos el contrato, las cláusulas sobre cesión y subarriendo y los indicios disponibles. A continuación realizamos una investigación en fuentes abiertas (OSINT): rastreo de anuncios, perfiles y referencias públicas que vinculen la vivienda con una explotación económica, con preservación y cadena de custodia de cada evidencia digital.
2. Vigilancia en la vía pública y entorno
Documentamos desde espacios públicos, con vídeo y fotografía, quién entra, quién sale, cuándo y con qué frecuencia. Cuando procede, verificamos el domicilio real del arrendatario. Todo se registra en orden cronológico, con fecha y hora, para mostrar un patrón sostenido y no un episodio aislado.
3. El informe de investigación SIGPRO y la ratificación judicial
Entregamos un informe de investigación privada con desarrollo cronológico, reportaje gráfico y anexos de evidencia digital, apto para aportarse con la demanda conforme al artículo 265.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si la parte contraria no reconoce los hechos, el detective acude al juicio, acredita su habilitación, se ratifica en el informe y responde a las preguntas de las partes como testigo, conforme al artículo 380 LEC.
Recupera el control de tu vivienda por la vía correcta
Un subarriendo no consentido o un uso irregular no solo te priva de ingresos que otro está cobrando con tu inmueble: acelera el desgaste de la vivienda, puede generar conflictos con la comunidad y, en el caso del uso turístico, exponerte a responsabilidades que no has buscado. Cuanto más tiempo pase, más se consolida la situación.
La vía eficaz pasa por no actuar por tu cuenta, documentar los hechos con un profesional habilitado y dejar que tu abogado los haga valer en la negociación previa o en el juzgado. Nosotros nos ocupamos de la prueba; tu abogado, de la estrategia procesal.
Cada caso requiere un estudio previo de viabilidad y legitimidad.
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Articulo redactado por: David San Deogracias
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